CCOO y UGT trasladan al CESE varias medidas para endurecer las deslocalizaciones de las multinacionales

    La jornada “Por una estrategia europea de transición justa”, centrada en las deslocalizaciones industriales, las recientes experiencias vividas en Castilla y León y las propuestas para la elaboración de una norma europea que evite este tipo de actuaciones de las grandes multinacionales dentro de la Unión Europea, ha servido para que nuestras vivencias, perfectamente articuladas, sean trasladadas a Bruselas de cara a que ayuden a poner coto a este tipo de actuaciones.

    29/11/2019.

    Es por ello que tanto los dirigentes de CCOO como de UGT-CyL han aprovechado la cita que ha tenido lugar durante toda la mañana de hoy viernes día 29 de noviembre en la sede del CESCyL en Valladolid, para trasladar al presidente del Grupo de los Trabajadores del CESE (Consejo Económico y Social Europeo), el austriaco Oliver Röpke, un documento encaminado a dicho fin.

    Bajo el título “Propuesta para la regulación por la Unión Europea de supuestos de deslocalización de la producción por empresas en zonas geográficas económicamente sostenibles” (adjuntamos el documento), ambos sindicatos, con el consenso de la Fundación Anclaje de Castilla y León, han trasladado seis medidas a asumir por el CESE y que sirvan parta que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea endurezcan las ayudas hacia estos grandes grupos trasnacionales.

    Todo ello ha transcurrido en el seno de un encuentro en el que además de estar presentes Vicente Andrés (CCOO), Faustino Temprano (UGT) y Oliver Röpke (CESE), también acudieron Germán Barrios (consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León), Enrique Cabero (nuevo presidente del CESCyL), Iratxe García (presidenta del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo), Carlos Escudero (responsable de la Fundación Anclaje), Dámaso Javier Vicente (profesor de Derecho Internacional de la UVa), José Antonio Moreno (miembro del CESE por parte de CCOO) e Isabel Caño (vicepresidenta del CESE por UGT). A nivel confederal, han participado en esta jornada las responsables de Internacional y Cooperación, Cristina Faciaben Lacorte, y de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente Peralta.

    Pormenores de las medidas presentadas

    En el transcurso de la presentación, Vicente Andrés ha planteado el establecimiento de exigencias más severas a los compromisos de permanencia de las empresas que reciban fondos públicos de cualquier procedencia (UE, Estado o CCAA). Cuando se marchan “de rositas” al término del periodo normativamente establecido, como el caso reciente de Vestas en León, ha indicado nuestro compañero, “significa que esos fondos no han cumplido con la finalidad de garantizar el mantenimiento y la fidelización de una empresa en el seno de un tejido productivo en un territorio muy concreto. Y con su adiós generan un grave problema económico y social que debemos anticipar y evitar”.

    Nuestro secretario general ha aclarado que pretenden que se establezcan exigencias para aquellas empresas transnacionales que quieran abandonar zonas geográficas económicamente sensibles, para que los procesos se puedan llevar a cabo de forma ordenada. El objetivo es imponer a estas mercantiles la cesión de los terrenos e instalaciones; así como la cooperación a través de apoyos económicos y que no obstaculicen la búsqueda de nuevos inversores. Asimismo, ha indicado que se establezca un gravamen para cualquier deslocalización que afecte a este tipo de comarcas.

    La tercera medida planteada en este documento pasa por generar obligaciones de permanencia en zonas geográficas económicamente sensibles, dentro de la responsabilidad social empresarial, cuando la actividad logra determinados beneficios en el mercado.

    La cuarta pasa por la adecuación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a los procesos de deslocalización en zonas geográficas económicamente sensibles, para que no solo incluya partidas para formación de las personas trabajadoras afectadas, sino también fondos capital-semilla para reindustrializar el territorio desmantelado.

    Vicente Andrés ha argumentado la necesidad de establecer una regulación a escala europea de exigencias de transparencia en el funcionamiento de los grupos de empresas, para evitar comportamientos desleales y que se pueda eludir la responsabilidad de la matriz en sus decisiones sobre la suerte de sus filiales.

    Por último, ha señalado que en su propuesta solicitan el establecimiento a escala europea de una regulación sustantiva sobre los procedimientos de insolvencia en los grupos de empresas, para que “se limiten las posibilidades de actuaciones fraudulentas que permitan sustraer capitales y su responsabilidad por la declaración de insolvencia de sus filiales. Como así ocurrió con Puertas Norma en Soria”.

    Oliver Röpke indica que el Diálogo Social es fundamental

    Oliver Röpke ha subrayado la necesidad de crear un modelo en la UE basado en el Diálogo Social, y ha advertido que esa es una “condición sine qua non para acometer una restructuración productiva exitosa en Europa”. Para añadir que los representantes de las personas trabajadoras apoyen una reestructuración verde, pero acompañada por empleos de calidad.

    El dirigente social europeo ha manifestado que un nuevo dictamen exploratorio que emanará del CESE en medio año, “se ocupará de las buenas prácticas, la financiación y la implementación de políticas a corto y medio plazo en materia industrial, y al que los dos sindicatos españoles han presentado sus propuestas frente a los procesos de deslocalización”.

    En esta línea, el sindicalista austriaco ha apuntado que “debemos prevenir y adelantarnos a los acontecimientos para afrontar con garantías estos procesos de reconversión y generar oportunidades frente a la desesperanza de los trabajadores y las trabajadoras en muchas regiones europeas”.

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