CCOO denuncia que 2.700 personas funcionarias de la Junta se encuentran en el limbo jurídico

    Comisiones Obreras de Castilla y León, a través del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quiere poner en conocimiento de la opinión pública de la Comunidad el singular proceder de la Junta de Castilla y León para con un número muy importante de su personal funcionario. Los portavoces del Sector Autonómico, Ernesto Angulo del Río (coordinador), Juan Carlos Hernández Núñez (responsable de Personal Funcionario) y Jesús García (integrante de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta) han señalado en el transcurso de la rueda de prensa habida durante la mañana de hoy jueves día 28 de noviembre en nuestra sede de Valladolid, “que estas miles de personas son las paganas de la eficacia paralizada del Gobierno de Castilla y León”.

    28/11/2019.

    El pasado día 14/11/2019 se publicó la Resolución del Concurso Abierto y Permanente de Funcionarios convocado en el mes de abril. Sin embargo, esa resolución, aunque definitiva para más de 2.400 plazas, presenta eficacia paralizada hasta que se resuelvan una serie de procesos judiciales pendientes que afectan a las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y al Catálogo de Puestos Tipo en los que se basan las plazas ofertadas en dicho concurso.

    “Nos llama poderosamente la atención este argumento por dos aspectos fundamentales. Por un lado, la misma RPT afecta a los Puestos de Libre Designación (PLD), adjudicados por la administración autonómica de forma discrecional que están siendo convocados y resueltos a diario. Y por otro, habría que plantearse qué actividad pública tendríamos si todas las resoluciones que estuvieran incursas en procesos judiciales supusieran la paralización de las actuaciones de la Junta”, remarcan nuestros compañeros.

    Pero además de todo esto, y junto con las 2.432 personas afectadas, existen otras 269 plazas que no han sido adjudicadas definitivamente. De un modo surrealista, han quedado sustraídas al proceso hasta tanto no se resuelva un incidente de ejecución de sentencia derivado de un recurso presentado contra un concurso del año 2014. “Y aún tienen la osadía de hablar de ´seguridad jurídica' en el preámbulo de la resolución del concurso. Resulta que no les adjudican la plaza que les correspondería (y que ya veremos si les corresponderá), pero se les quita la posibilidad de optar a otras para las que tienen más derecho que los adjudicatarios definitivos”, ratifican.

    Pues bien, esa supuesta seguridad jurídica va a consistir en una explosión de recursosque van a embarrar aún más el terreno de juego de las relaciones laborales en la Junta. CCOO ya está asesorando a su afiliación para la presentación de los recursos en vía administrativa previos a la vía contenciosa, reclamando daños y perjuicios por dicho proceder, y animando a que se soliciten a través de comisiones de servicio los puestos adjudicados y dejados en el cajón. El derecho a la carrera profesional y a la conciliación de la vida personal y profesional se encuentran en juego.

    Datos provincializados de las vacantes de funcionarios existentes hoy en la Junta

    Pero esta locura no es la única que afecta al personal funcionario de la Administración regional. Estas personas, encargadas de la prestación de buena parte de los servicios públicos que la ciudadanía de Castilla y León recibe, tienen que sufrir que la falta de personal agrave aún más su situación. Cuatro de las provincias presentan más de un 30% de plazas vacantes; otras cuatro cuentan con más de un 25% de vacantes; así, el servicio recae en el resto de efectivos disponibles.

    Los datos provinciales de vacantes de este personal en la Junta de Castilla y León son los siguientes (fuente: página web Junta CyL):

    • Ávila: 30,21%
    • Burgos: 27,14%
    • León: 22,46%
    • Palencia: 31,21%
    • Salamanca: 27,69%
    • Segovia: 31,87%
    • Soria: 30,77%
    • Valladolid: 26,25%
    • Zamora: 26,41%

    Todo ello en consonancia con una RPT aprobada este mismo año de 2019, es decir, supuestamente no hay obsolescencia en el número y clase de puestos existentes; eso sí, esta RPT fue aprobada con la opinión contraria de CCOO y otros sindicatos y, consecuentemente, impugnada en los tribunales.

    Además, buena parte de estas vacantes se acumulan en las zonas rurales, las de la “España vaciada” y que ve como los responsables políticos siguen sin hacer nada, más allá que utilizar palabras huecas como “lucha contra la despoblación” o “preocupación por el entorno rural”, que hacen quedar en evidencia en cada ocasión a quien las pronuncia.

    “No parece importar mucho a los responsables políticos de turno este hecho, puesto que siguen pendientes de convocar cientos de plazas ya aprobadas en las pasadas ofertas de empleo público correspondientes a 2017 y 2018. Y las jubilaciones se van disparando año a año a pasos agigantadas”, sostienen estos trabajadores públicos de la Junta y sindicalistas.

    A todo esto se suman un cúmulo de desatinos que afectan a este y resto de colectivos de la administración general de esta Administración, como el incumplimiento de las 35 horas, la falta de desarrollo reglamentario de la ley de carrera profesional (los seis meses previstos en la ley ya se han cumplido), retribuciones a la cola de las distintas administraciones del país, etc. “Sin duda, un auténtico desastre que repercute directamente en el servicio que se presta a la ciudadanía de este territorio”, concluyen todos ellos.

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