La transición energética debe ir acompañada de un compromiso de actividad y empleo en los territorios afectados

    Tras visitar las instalaciones de geotermia en Mieres ambas direcciones se reunieron en Oviedo. Nuestro sindicato recuerda la deuda histórica con las comarcas mineras y pide consenso con los agentes sociales.

    21/11/2019.
    Mina Hunosa Mieres I

    Mina Hunosa Mieres I

    Dos de las comunidades más afectadas por la transición energética en España son Asturias y Castilla y León. Para analizar sus efectos adversos y tomar una posición conjunta por el empleo y el territorio, las direcciones de CCOO de Asturias y Castilla y León se reunieron durante la jornada de ayer miércoles día 20 de noviembre en Oviedo, en la sede regional del sindicato.

    Tras el cierre de la totalidad de las minas de carbón, con la excepción de Hunosa, la situación de los territorios afectados es extremadamente delicada, al no estarse generando alternativas económicas reales que permitan el mantenimiento de actividad económica y empleo, imprescindibles para la viabilidad futura de estas comarcas. En León el cese de actividad de todas las centrales pone en serio riesgo el conjunto de la economía provincial, cuyo deterioro económico y laboral es extremadamente grave. Esta situación de ambas autonomías, Asturias y Castilla y León, exige respuestas inmediatas y contundentes, sobre las que CCOO viene insistiendo reiteradamente y continuará exigiendo de las Administraciones estatal y autonómicas.

    En el encuentro, que encabezaron ambos secretarios generales, José Manuel Zapico y Vicente Andrés Granado, respectivamente, junto a las federaciones de Industria en ambos territorios, se acordaron las siguientes líneas de trabajo:

    1. La transición ha de ser justa y consensuada con los agentes sociales. No lo será si no se generan puestos de trabajo antes de que se destruyan los actuales. No lo será si no es global y se exige los mismos esfuerzos al conjunto de países. No lo será si no se acuerdan unos plazos razonables. Y no lo será sino se garantiza una energía fiable y segura a precios competitivos.
    2. El proceso hacia un nuevo modelo energético tiene que ir acompañado de proyectos industriales, viables y reales, que den continuidad a la actividad en las instalaciones afectadas. Las nuevas oportunidades de empleo deben concretarse con antelación a la destrucción de puestos de trabajo. De lo contrario el proceso no es creíble ni genera la confianza social necesaria para desarrollarse con éxito.La prioridad es el bienestar y el empleo en las zonas afectadas. Nuestros territorios ya han soportado los graves efectos de reconversiones industriales fallidas, sufriendo las consecuencias del desempleo y la pérdida continuada de población. La situación actual es de emergencia social, por lo que un nuevo proceso unilateral y erróneo tendría consecuencias dramáticas.
    3. El Estado ha de hacer un mayor esfuerzo económico para garantizar desde la inversión pública el éxito de los objetivos a alcanzar. Para ello tiene que alcanzarse un compromiso de planificación del territorio desde el diálogo social; la necesaria coordinación entre administraciones; establecer instrumentos de control; y, sobre todo, garantizar la complementariedad de los recursos económicos, que en ningún caso se utilicen para sustituir los presupuestos ordinarios de las administraciones.
    4. Rechazamos la intención de las eléctricas de ir a cierres precipitados y desordenados de las térmicas de carbón a través de procedimientos administrativos simplificados, que no garantizan ni la recuperación medioambiental de los terrenos que ocupan en la actualidad ni contemplan proyectos alternativos que permitan mantener actividades generadoras de empleo.
    5. Reclamamos de las administraciones autonómicas una mayor coordinación y colaboración a la hora de definir los usos e impulsar proyectos que puedan ser interesantes para ambas comunidades autónomas. Contamos con un gran potencial para aprovechar sinergias al ser territorios limítrofes.
    6. Debe de ser prioridad del nuevo Gobierno el impulso de un Pacto de Estado por la Industria que nos permita lograr el objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar el 20% del PIB industrial, y genere las condiciones que eviten el cierre y la deslocalización de unidades productivas, adoptando entre otras medidas, en la primera reunión del Consejo de Ministros, la aprobación de un estatuto de la industria electrointensiva.
    7. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y la orientación hacia una economía con bajas emisiones de CO2, un objetivo que debe de desarrollarse con un ambicioso plan de actuación, basado no solo en intervenir sobre la industria sino también en los hábitos de movilidad, con usos residenciales más sostenibles, en una agricultura y ganadería ecológicas, en apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación, y una política de reforestación ambiciosa.

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