Los sindicatos convocan a las 85.0000 personas empleadas públicas de la Junta a secundar la huelga por las 35 horas semanales

    Las 85.000 personas empleadas públicas que trabajan para la Junta de Castilla y León han sido convocadas por los CCOO, UGT y CSIF para secundar una huelga general, la primera que se lleva cabo en la historia del Gobierno autonómico de esta, por el incumplimiento del acuerdo firmado por la la Administración que preside Mañueco el pasado 21 de mayo para reducir la actual jornada laboral hasta las 35 horas semanales. La movilización dará comienzo a las 22:00 horas de hoy martes día 5 de noviembre y se desarrollará durante toda la jornada del miércoles día 6 de noviembre. Además, mañana, entre las 12:00 y las 14:00 horas, también están previstas concentraciones frente a las sedes de las diferentes delegaciones territoriales de la Junta repartidas por las nueve capitales de provincia de la región.

    05/11/2019.
    Diversos momentos de la rueda de prensa habida esta tarde en CCOO.

    Diversos momentos de la rueda de prensa habida esta tarde en CCOO.

    Una de las críticas que los representantes sindicales han hecho a la Junta con motivo de esta gran movilización, “que va a ser secundada de manera masiva por los empleados públicos, son los abusivos servicios mínimos. Más que en un día festivo. Lo vamos a denunciar, pero lo que pretenden es obstruir el derecho de huelga de la gente, y eso lo vamos a denunciar”, manifiesta Ana Rosa Arribas, portavoz del Área Pública de CCOO-CyL.

    “Con este proceder la Junta ha quedado totalmente desenmascarada. Se le han visto sus auténticas intenciones, que no eran otras que incumplir el Acuerdo”, señala Ana Rosa Arribas. Para añadir que esta primera campaña de movilizaciones no termina aquí, “sino que seguirá adelante hasta lograr que la Junta cumpla lo firmado. Y en estos momentos nuestros servicios jurídicos están estudiando la situación para seguir adelante con otras vías, como puede ser la judicial”.

    Nuestra compañera ha dejado bien patente que rechazar lo apuntado por los portavoces de la Junta y haber aceptado su proposición de “tras cumplir cuatro requisitos, el próximo día 31 de marzo ellos se comprometían a cumplir el Acuerdo. Algo que no se va a dar, puesto que para entonces se conocerán los datos públicos de cumplimiento del déficit, y ellos saben que no lo van a conseguir. Por lo tanto, con esta realidad nos volverían a decir que no lo pueden llevar a cabo. No se trata de hacer huelga por un retraso de tres meses en su entrada en vigor. NO, la hacemos porque no quieren acometer su compromiso”.

    Arribas ha puesto de manifiesto la mala fe de la Administración durante las negociaciones. “Mala fe por parte de los que firmaron este acuerdo, algunos de ellos siguen al frente en el Gobierno, ya que sabían que sus sustitutos no lo iban a cumplir. Mala fe por parte de los actuales, ya que nunca han tenido verdadera intención de ejecutarlo. Nunca ha existido verdadera voluntad de cumplir este acuerdo”.

    En esta línea de reproches hacia la conducta seguida por el Gobierno autonómico, la portavoz de CCOO ha indicado que esto “es una verdadera falta de respeto hacia los representantes de las personas trabajadoras públicas, a este colectivo y, por supuesto, a toda la ciudadanía castellanoleonesa. Que no se olviden nuestros políticos que el próximo domingo día 10 de noviembre hay unas elecciones generales, y aquellos que incumplen acuerdos pueden pagarlo en las urnas”, garantiza Arribas.

    Historia de un proceder incomprensible por parte de la Junta

    La vuelta a las 35 horas semanales es, sin duda, una de las reivindicaciones más demandadas por los empleados públicos de Castilla y León después de que la Ley de recortes de 2012 obligara a cumplir una jornada semanal de 37 horas y media.

    En 2015 comenzaron a sentarse las bases para esta recuperación mediante la firma del Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015/2019, suscrito con fecha 29 de octubre.

    Con posterioridad, el Acuerdo firmado el 25 de julio de 2017 por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015, contemplaba que “Cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de 35 horas, la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata”.

    La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que “sólo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto”.

    Tras la notificación oficial en mayo de este año, de que Castilla y León cumplía en el año 2018 con los tres requisitos, se llevan a cabo una serie de reuniones entre Junta y UGT, CCOO y CSIF, que llevan a la firma, el 21 de mayo, del documento que ratifica la vuelta efectiva a la jornada de 35 horas.

    Sin embargo, desde entonces, un cambio de gobierno deja en suspenso la aplicación de este acuerdo e impide la recuperación de un derecho inequívoco de los empleados públicos de nuestra comunidad.

    Escudándose en problemas de financiación, de calidad asistencial o de equidad, la Junta de Castilla y León incumple el Acuerdo firmado, disfrazándolo con excusas como la falta de profesionales o el elevado coste que supondría. Argumentos que no son ciertos puesto que en numerosas ocasiones, ellos mismos han manifestado que no es un problema de financiación, que no sería necesario contratar a tantos profesionales, y que los problemas de equidad se resuelven con compensaciones a los profesionales afectados.

    Todo esto ha provocado que los tres sindicatos convocáramos movilizaciones, un paro de 2,5 horas el pasado día 25 de octubre y una huelga de 24 horas para mañana, día 6 de noviembre.

    Tras numerosas reuniones del comité de huelga con la Administración y de la comisión de seguimiento del acuerdo marco, la Junta de Castilla y León ha mostrado su mala fe en la negociación haciendo propuestas inasumibles y alejadas del acuerdo que firmaron. La última oferta, realizada hoy mismo por la administración, propone una implantación efectiva de las 35 horas el 31 de marzo, pero vinculando su cumplimiento a unos nuevos requisitos (presupuestarios, de equidad y organización) que hacen inviable su cumplimiento.

    Por lo tanto la Junta de Castilla y León, gobernada por el partido Popular y Ciudadanos, está mintiendo a los empleados públicos de Castilla y León y a todos los ciudadanos, usuarios de los servicios públicos de la comunidad.

    Mientras comunidades vecinas, como Extremadura, Cantabria, Castilla La Mancha o País Vasco, ya han recuperado la jornada de 35 horas y mejorado sus servicios públicos, nuestros gobernantes insisten en dejar a Castilla y León y a sus ciudadanos en peores condiciones y con peores servicios públicos que al resto.

    Recordamos que la recuperación de las 35 horas supone una mejora en la calidad del trabajo de unos profesionales a los que durante todos estos años se ha atacado y desacreditado frente a la ciudadanía.

    En el caso de sanidad, servicios sociales y educación, son sin lugar a dudas los sectores que generarán gasto, aunque en ningún caso la cifra que la Junta de Castilla y León esgrime, cifra por otra parte, que ni justifica ni informa de dónde sacan. No hablan, sin embargo, de los beneficios que genera, como es la creación de empleo con la consiguiente aportación a las arcas públicas, el afianzamiento de población en una Comunidad tan necesitada de cotizantes, que no tendrá que buscar trabajo en otras comunidades y, quizá la más importante de cara a los usuarios, la mejora en la calidad de los servicios.

    Lejos de crear un problema, esta mejora en las condiciones de trabajo, se verá reflejada en la calidad de los servicios pues los profesionales disminuirán la carga asistencial a la que están sometidos actualmente.

    Especial mención merece el sector educativo, que ve como la gestión del actual sistema aumenta ratios y horas lectivas, impidiendo la correcta atención del alumnado y provocando que nuestro nivel educativo peligre después de haber liderado durante años el panorama nacional. Una rebaja de las horas lectivas provocaría, sin lugar a dudas, una mejora en la calidad de nuestras aulas.

    O El sector sanitario que mejoraría listas de espera al aumentar el número de profesionales, ya que durante estos años en los que se ha aumentado la jornada, los gestores de nuestra sanidad no han sido capaces de disminuir dichas listas, más allá de manipularlas.

    O Los servicios sociales, en los cuales se aprecia un deterioro en la calidad en la atención a la dependencia, consecuencia de las políticas de privatización por el vaciado del sistema público.

    Resulta incomprensible que un Gobierno que está empezando, a pesar de ser en parte del mismo color que el anterior, lo haga incumpliendo acuerdos que su mismo partido firmó y lo hagan diciendo que no se sienten vinculados. Es, cuando menos, una irresponsabilidad y un atrevimiento romper de esta manera, la relación “cordial” con quienes están legitimados a negociar las condiciones de trabajo de la empresa más grande de la comunidad, con 85.000 empleados públicos, que sin duda plantarán cara y defenderán su derecho a recuperar la jornada de 35 horas.

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