CCOO y UGT apuestan por cambiar las normativas laborales y fiscales, y mejorar la coordinación contra la economía sumergida

    Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT de Castilla y León han apostado hoy en Valladolid, de manera conjunta y decidida, por un cambio de las normativas laborales y fiscales, y por mejorar la coordinación entre las diferentes inspecciones del Estado (Trabajo y Hacienda) para luchar contra un problema “estructural” existente en España como es la economía sumergida. Hasta el punto de que el secretario regional de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández de Pedro, asegura que el nuevo Gobierno central, que podría conformarse en septiembre si no hay repetición de elecciones, debe marcarse este asunto como un “objetivo de país”.

    29/08/2019.
    Fotos Ical.

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    Tras la reunión habida esta mañana en la sede vallisoletana de la Delegación del Gobierno en Castilla y León para analizar los once meses de vigencia del Plan Director “Por un Trabajo Digno”, nuestro compañero aseguró que los más de 10.000 personas trabajadoras de la Comunidad que han aflorado por la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial demuestran el “gran fraude” existente en España. “Es más, todo ello está claramente relacionado con la economía sumergida, y a su vez, mantienen un vínculo directo con la vigente contratación laboral y el timo fiscal. Opinó que, hasta ahora, no se ha luchado convenientemente contra estas grandes estafas”, refrenda Fernández de Pedro.

    Este Plan, con sus dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la parcial, ha beneficiado en los últimos once meses a más de 10.000 trabajadores en Castilla y León, de los cuales cerca de 8.000 han visto cómo sus empleos temporales se transformaban en indefinidos y otros casi 2.000 han logrado una jornada a tiempo completo.

    La delegada del Gobierno ha enmarcado los datos ofrecidos hoy a los sindicatos en el Plan Director 'Por un trabajo digno' puesto en marcha por la Administración central en julio de 2018, con un total de 75 medidas, entre ellas sendos planes de choque contra la contratación temporal y parcial que, como así ha anunciado, se "reeditarán" hasta diciembre del presente año.

    Martín se ha felicitado igualmente por el resultado de la labor inspectora, tras recordar que los resultados obtenidos en estos últimos once meses duplican los anteriores, y ha incidido en que dicha estrategia no tiene otro objetivo que "apostar por los derechos y las buenas condiciones laborales de los trabajadores en Castilla y León".

    “La lucha contra el fraude está muy bien pero hay que ir a la raíz, a corto y medio plazo, para cambiar las normativas laborales y fiscales que permitan combatir la economía sumergida, ya que es un problema estructural”, sostiene. De ahí que urgiera a mejorar las normativas de tipo de contratación y negociación colectiva, después de las reformas “muy perjudiciales para los trabajadores y las trabajadoras que llevaron a cabo los Gobiernos del PP, a raíz de la crisis económica. Y es que se trata de normativas que facilitan el fraude, las irregularidades y el abuso de las relaciones laborales por una parte”, ahonda el responsable de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO.

    En este sentido, Saturnino Fernández ha reclamado reformas laborales que apuesten por la contratación estable e indefinida, y que recojan que la contratación temporal debe estar sujeta a la causalidad para evitar el encadenamiento. “Las normativas laborales son mucho más flexibles que antes de la recesión, por lo que favorecen la actuación unilateral del empresario y generan más irregularidades que, a la postre, perjudican a la clase trabajadora”, ha añadido.

    También ha manifestado que la reforma laboral de 2012 acabó con la retroactividad de los convenios, primó el convenio de empresa sobre el sectorial, las inaplicaciones y los descuelgues así como el empeoramiento de las condiciones laborales, de las prestaciones de desempleo y de la formación para el empleo.

    En este periodo se han regularizado 620 falsos autónomos

    Entre los datos también se ha puesto en valor el éxito de la lucha contra el fraude en el sector de trabajadores autónomos, donde, tal y como ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, se ha logrado una eficacia del 366%, lo que se ha traducido en la regularización de un total de 620 falsos autónomos. Hace meses se regularizó el sector de las cárnicas, especialmente en las provincias de Valladolid, León y Burgos, y se ha entrado en una nueva fase inspectora en el de repartidores callejeros (riders) relacionados con las plataformas de economía colaborativa.

    En cuanto al registro horario impuesto en las empresas desde la última reforma de enero y que entró en vigor el pasado día 12 de mayo, el responsable de la Inspección en la Comunidad ha explicado que en una primera fase se ha actuado con una cierta "condescendencia", conforme al mandato para que a través de la negociación colectiva dicha imposición se tratara de amoldar a las peculiaridades de cada sector, si bien ha advertido de que superada ya esa etapa se procederá a la apertura de los expedientes pertinentes en aquellos casos en los que se aprecie que no se ha producido este ajuste.

    En este acto han estado presentes, además de nuestro dirigente y su adjunta, la técnica de Empleo Beatriz Sanz, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, el director territorial de la Inspección de Trabajo de Castilla y León, Javier Calderón, y el vicesecretario general de UGT de Castilla y León, Evelio Angulo.

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