CCOO no apoya la gestión de la Junta ante el problema de los nitratos en los acuíferos

    En el Consejo de Medio Ambiente del seis de junio la Junta presentó un proyecto de Decreto (con cinco años de retraso…) que determina cuáles son las zonas vulnerables por contaminación de nitratos procedentes de las prácticas agrícolas y ganaderas. Comisiones salió en prensa en marzo de este año pidiendo con urgencia la puesta en marcha de medidas que reviertan la situación actual. El informe de seguimiento de la administración regional de 2017 ponía en evidencia la gravedad de la situación: el 23% de las masas de aguas subterráneas sufren contaminación por nutrientes y en el 10% hay un impacto probable. Esta situación ya se había evidenciado en el informe de 2016 cuando se pasaba de 2.341,57 km2 de superficie declarada como vulnerable en 2009 a 25.551,41 km2 siete años después.

    14/06/2019.
    Contaminación por nitratos.

    Contaminación por nitratos.

    ¿Qué es lo que produce la contaminación de las aguas subterráneas? Es difícil de determinar, por ello se habla de contaminación difusa pero se sabe que el uso de abono orgánico en la agricultura procedente de la ganadería en determinados suelos, produce un exceso de nitratos ya que el suelo no puede absorber todo el fertilizante que se suministra y que acaba filtrándose a los acuíferos.

    El problema se ha visto agravado con proliferación de instalación de granjas que acumulan tal cantidad de purines (excrementos animales) que no sabe qué hacer con ellos. Su uso como abono es la salida más fácil y supone un apoyo entre agricultores y ganaderos porque unos utilizan lo que a otros les sobra. En teoría es una medida positiva de economía circular pero la práctica ha mostrado que surgen problemas.

    Es necesario investigar otras alternativas para los purines para que las prácticas ganaderas sean compatibles con las prácticas agrícolas a medio plazo. El suministro de agua potable de los 386 municipios (según el proyecto de decreto) cuyos acuíferos están contaminados está garantizado. Pero esta situación supone en ocasiones un desembolso de las arcas públicas. Cada vez son más los pueblos que tienen que hacer una nueva acometida de agua, instalar plantas potabilizadoras e incluso, se ha llegado puntualmente a tener que abastecer en temporadas concretas a municipios con camiones cisterna. Esto no puede continuar.

    Es por ello que no nos satisfizo el decreto presentado. Tras el devastador informe de 2017, lo que se ha hecho ha sido valorar de otra manera, “más justa y objetiva” según la Junta, las zonas vulnerables para evitar tener que plantear soluciones reales para la agricultura y ganadería. Es más fácil mirar para otro lado que apostar por prácticas sostenibles no sólo con lo que hay ahora sino con lo que queremos que haya en un futuro. Se han dado un plazo de un año para adoptar un programa de actuación para las zonas vulnerables; otro retraso que se suma a los nueve años que llevan sin revisarse unas buenas prácticas que se han mostrado insuficientes.

    Es necesario una apuesta firme por solucionar un problema que se está tapando (de hecho, no ha salido nada en prensa de este decreto). Hay que ser valientes y buscar una transición hacia prácticas ganaderas que no dañen la vida en los pueblos. El tener una legislación blanda puede parecer cómodo a corto plazo pero pone en peligro las propias instalaciones ganaderas que, cuando ya no se pueda ocultar el problema, tengan que hacer inversiones para adaptar sus negocios a las exigencias que marca la normativa europea.

    Comisiones Obreras ve necesario un apoyo al desarrollo económico del sector agroalimentario pero adaptándose a las exigencias ambientales porque nos jugamos el futuro del mundo rural.

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