Desde Comisiones Obreras no podemos por menos que calificar de nefasta su gestión al frente del Ministerio, reprobada por el Congreso y Senado, atendiendo solo a intereses de determinados colectivos, entre los que no se encuentran la mayoría de las personas trabajadoras, despreciando la negociación y utilizando la imposición como forma de trabajo.
Así, “consideramos que modernizar la Administración de Justicia es más que seguir empecinados con la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal -cuando se ha demostrado que no funciona tal como está diseñada-, o no subsanando las deficiencias de las aplicaciones informáticas judiciales y del proyecto de justicia digital/papel cero -que han ralentizado el trabajo de los juzgados y fiscalías-, así como el golpe de mano producido en la dirección de la mutualidad judicial, o la no recuperación del recorte de nuestros salarios que se perpetró en mayo de 2010 -con una media del 5% de "hachazo" a nuestras nóminas-, o la discriminación salarial que soportamos respecto a las comunidades autónomas transferidas -con diferencias de hasta 575 euros brutos mensuales-, o la extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales -y no solo a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia-, o el reconocimiento de la carrera profesional horizontal, o la elevación de los fondos de acción social y de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial, o la regulación negociada de las sustituciones y comisiones de servicio, o el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones que se realizan, o la defensa del Registro Civil como servicio público servido por funcionarios de Justicia, entre algunas de las situaciones que la ministra y su equipo se han visto incapaces de negociar y dar una solución”, relata el delegado de CCOO en el Sector de Justicia en Valladolid.
Asimismo, la ministra tiene en su despacho las peticiones remitidas por el Sector de Justicia de Comisiones Obreras en Valladolid, en relación a la creación de más juzgados y los incrementos de plantilla necesarios, de mejora de las instalaciones y edificios judiciales donde se incumplen las exigencias en materia de seguridad y salud -a la espera del Campus de la Justicia, problema de dispersión de sedes judiciales que no le ha quitado el sueño a la ministra-, un cambio del sistema de guardias para implantar la de 72 horas en el partido judicial de Valladolid, así como una actualización de las retribuciones que se perciben, la ausencia de peritos judiciales en la plantilla de justicia, la falta de espacio para los archivos judiciales, el no cubrirse las vacantes de personal laboral, la no potenciación de los equipos psicosociales y de la oficina de atención a las víctimas -quedando en palabrería-, la ausencia o disminución de las medidas de seguridad en algunas sedes judiciales -caso de Medina de Rioseco-, la no resolución definitiva de las bolsas de trabajo de interinos tras quince meses desde su convocatoria, la escasa formación impartida durante su mandato con partidas presupuestarias irrisorias, la suspensión de juicios por falta de personal que asista en las salas de vistas, con retrasos constantes en las convocatorias de oposiciones y de los concursos de traslados, y hasta con retrasos de meses en los reconocimientos médicos que deben realizarse de forma anual.
Necesidades todas ellas desatendidas por la ministra y su equipo, ocupados en cuestiones corporativas y no en defender los intereses generales de la Administración de Justicia, critica CCOO. "Pero pese a este panorama descrito, de todas estas carencias, de la actitud de la ministra, el esfuerzo, compromiso y responsabilidad del conjunto de los trabajadores de la Administración de Justicia, está permitiendo su funcionamiento para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos, a los que nos debemos", afirma Raúl Franco.