El Servicio Jurídico de CCOO vuelve a obtener el reconocimiento a la manutención para el personal sanitario

    CCOO ha obtenido nuevamente el reconocimiento del derecho de un trabajador de la sanidad pública de Castilla y León a cobrar su manutención durante las guardias en un centro de Atención Primaria. Con esta sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Valladolid se ratifica la doctrina establecida anteriormente por éste y otros Juzgados de que el personal sanitario de guardia tienen derecho a cobrar las dietas de comida.

    24/01/2019.
    Centro Salud.

    Centro Salud.

    El conflicto se remonta al año 2012 cuando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León decidió de forma unilateral dejar de proporcionar la comida y/o la cena del personal que se encontraba trabajando en centros sanitarios durante las guardias. A pesar de que, en 2014 la administración recuperó esta compensación, lo hizo únicamente con el personal de guardia en los hospitales, pero no con el de Atención Primaria. La primera sentencia favorable a una demanda del Servicio Jurídico de CCOO en Valladolid, fechada el 4 de mayo de 2018, reconoce este derecho al personal de Atención Primaria condenando a la Consejería no sólo a facilitar la manutención futura, sino también a indemnizar a las y los sanitarios por las no disfrutadas desde enero de 2014, a razón de 9,64 € por cada comida o cena.

    Hay que señalar que estos son procedimientos individuales de reclamación de cantidades y que el Juzgado ha decidido extender a la sentencia actual el mismo criterio que utilizó en la de 2018. Por este motivo, exigimos a la Consejería que, de forma inmediata, facilite la manutención de este personal, y además, pague las indemnizaciones por las no disfrutadas. De esta forma ahorrará costes al sistema judicial puesto que son bastantes las actuaciones iniciadas en este sentido tanto por nuestro servicio jurídico, que fue pionero en esta reclamación, como por otros despachos de abogados de la Comunidad.

    Aprovechamos para recordar que desde 2011, tanto el personal funcionario como el estatutario, está sujeto a la condena en costas en caso de ser desfavorables sus demandas frente a las Administraciones. Esto supone que, en muchas ocasiones, los trabajadores no demanden sus derechos por temor a las posibles repercusiones económicas, mientras que el resto de trabajadores tienen derecho a la justicia gratuita en todo lo que tiene que ver con su relación laboral. Consideramos que se trata de una situación injusta que limita el derecho del personal de las Administraciones Públicas y que debería ser derogada.

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