El pleno de las Cortes aprueba las proposiciones de ley que perjudican a los empleados públicos de Castilla y León

    Aunque el Área Pública de Comisiones Obreras de Castilla y León había explicado a los representantes de los cinco grupos parlamentarios de las Cortes Regionales las condiciones y consecuencias que estas proposiciones tienen, ambas salieron adelante. Y también pese a las concentraciones llevadas a cabo ante el Parlamente autonómico y las delegaciones provinciales el pasado miércoles.

    21/12/2018.
    Solo el procurador por IU, José Sarrión, estuvo en sintonía con nuestras propuestas a la hora de votar.

    Solo el procurador por IU, José Sarrión, estuvo en sintonía con nuestras propuestas a la hora de votar.

    CCOO había explicado su disconformidad tanto con la forma como con el fondo de ambas proposiciones de ley. Con la forma, porque implantar medidas que afecten a las condiciones laborales de las personas empleadas públicas sin negociarlas con sus representantes legales es algo que menosprecia, una vez más, la labor de los sindicatos y supone, de alguna manera, una carga de profundidad contra los mismos. Y con el fondo, porque el contenido no deja de ser vender humo a las personas trabajadoras de la Junta de Castilla y León, sin ofrecer nada que no se tenga en la actualidad y condicionando todo lo demás a las decisiones que pueda tomar el Gobierno central.

    En primer lugar se votó la “Toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, PPL/000023, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 492, de 28 de noviembre de 2018”, que salió a delante con los votos a favor de los 42 parlamentarios correspondientes a los 4 grupos parlamentarios que la presentaron y las 42 abstenciones del Partido Popular.

    Resulta sorprendente este resultado porque los grupos que presentaron dicha proposición habían manifestado haber sido engañados o haber firmado a última hora por no quedar fuera del consenso, pero no estaban de acuerdo con la misma. Y porque a causa de esta proposición el Partido Popular elaboró la siguiente, deprisa y corriendo, para contrarrestar la primera.

    Posteriormente se votó la “Toma en consideración de la Proposición de Ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, PPL/000025, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 492, de 28 de noviembre de 2018”, que también resultó aprobada, en este caso de una forma más sorprendente ya que obtuvo 67 votos a favor, del Partido Popular y del PSOE, 16 abstenciones, de Ciudadanos, Podemos y UPL, y 1 único voto en contra, de Izquierda Unida.

    En este caso, y después de oír las duras intervenciones de los portavoces de PSOE y Podemos contra el engaño y la torpeza del Partido Popular al personal de la función pública, no se entiende ni el voto a favor de los primeros ni la abstención de los segundos.

    Ambos resultados sólo se podrían entender por la existencia de algún tipo de negociaciones y contrapartidas entre las distintas formaciones políticas, pero lo que sí demuestran es un gran desconocimiento de la realidad en las condiciones y circunstancias en que desempeñan su trabajo las personas empleadas públicas de esta Comunidad Autónoma, o el poco interés real que tienen con relación a sus problemáticas laborales.

    Tampoco se entiende el balón de oxígeno que los grupos de oposición dan al Partido Popular en lo que finalmente es el pistoletazo de salida de la campaña electoral del próximo mes de mayo.

    Como siempre, tendremos que ser los propios sindicatos, con CCOO a la cabeza, quienes den la cara para evitar que desde el poder legislativo se sigan produciendo atropellos al conjunto de la ciudadanía en general, y de las personas trabajadoras públicas en particular.

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