CCOO de Castilla y León | 8 mayo 2024.

2018-03-14

CCOO inicia una campaña en defensa de los juzgados de paz

  • En el ámbito de Castilla y León existen 154 Agrupaciones y Juzgados de Paz servidos por más de 300 funcionarios de la Administración de Justicia
  • Se pondrá en marcha una recogida de firmas en los centros de aquellas poblaciones con más de 7.000 habitantes

Comisiones Obreras de Castilla y León, a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO CyL), va a poner en marcha una campaña con el objetivo de defender la importancia social que tienen los juzgados de paz en este país. Estos son los grandes olvidados dentro de la Justicia: falta de recursos, tanto materiales como de personal, instalaciones muchas veces indignas y, sobre todo, falta de voluntad política para acercar realmente la Justicia a la ciudadanía.

14/03/2018.
Juzgado de Paz. foto Ical.

Juzgado de Paz. foto Ical.

La campaña “CCOO POR LOS JUZGADOS DE PAZ” comenzará con una recogida de firmas que el sindicato llevará a cabo en los Juzgados de Paz de poblaciones con más de 7.000 habitantes y agrupaciones, que son en los que presta servicio el personal de los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia.

Para la mejora de la Justicia y ser más próxima a la ciudadanía, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO CyL exige el incremento inmediato de la inversión de la Administración para la mejora de las dependencias y de los medios materiales de los Juzgados de Paz. Medios que la Administración Central y las autonómicas traspasan a los ayuntamientos, encargados de su dotación, debiéndose garantizar su efectivo gasto en los mismos.

Para CCOO es fundamental que se garanticen y aumenten las funciones y los servicios que se ofrecen en los Juzgados de Paz. Todo ello está encaminado a conseguir una verdadera justicia de proximidad (que incluye registro civil, información procesal a la ciudadanía, mediación, conciliación, etc.).

Por todo ello, el sindicato ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia solicitando la apertura de negociaciones con el objeto de garantizar unas instalaciones adecuadas en los locales de los Juzgados de Paz (accesibles y seguras), la garantía de que dispondrán de los medios materiales e informáticos que deben ser exigidos a los ayuntamientos, y el reconocimiento retributivo del personal por las funciones que realiza, así como que se les facilite medios de transporte para poder realizar los actos de comunicación que deben practicar, y no se les ponga trabas a la hora de hacer su trabajo, garantizando su seguridad en la práctica de las mismas.

En el caso de la provincia de Valladolid existen 16 Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz con sedes en Mayorga, Villalón de Campos, Villabrágima, Zaratán, Simancas, Cigales, Renedo de Esgueva, Tudela de Duero, Peñafiel, Tordesillas, Rueda, Nava del Rey, Fresno el Viejo, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, y Portillo, y 2 Juzgados de Paz, con sedes en Íscar y Laguna de Duero, donde trabajan en total 39 funcionarios de la Administración de Justicia.

En el ámbito de Castilla y León existen 154 Agrupaciones y Juzgados de Paz servidos por más de 300 funcionarios de la Administración de Justicia, vertebrando la Comunidad Autónoma con la prestación de este servicio público.

La misma realidad en el resto del Estado

En toda España trabajan aproximadamente 2.500 funcionarias y funcionarios en los Juzgados de Paz, que también son trabajadores de la Administración de Justicia. En la mayoría de los casos cuentan con medios muy precarios y obsoletos, que son el primer eslabón de la organización judicial de cara a la ciudadanía y que su trabajo es infravalorado laboral y económicamente respecto al resto del personal de la Administración de Justicia.

Para la mejora de la Justicia más próxima a las y los ciudadanos, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO exige el incremento de la inversión de la Administración para la mejora de las dependencias y de los medios materiales de los Juzgados de Paz. Medios que la Administración Central y las autonómicas traspasan a los ayuntamientos, encargados de su dotación, debiéndose garantizar su efectivo gasto en los mismos.

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